Juntos por el Perú: Amenaza con nueva vacancia contra Pedro Castillo, si disuelve el Congreso

Tal como anunció la congresista Isabel Cortez, el caucus de Juntos por el Perú presentó una iniciativa legislativa denominada “ley de muerte cruzada”. Con este proyecto de reforma constitucional, si el Congreso abandona al presidente por incapacidad moral o física, se disolverá y deberán realizarse elecciones parlamentarias. Esta última acción la llevaría a cabo el vicepresidente, quien asumiría el cargo de jefe de Estado.

Pero eso no es todo. En el caso de que el legislador obtenga el puesto vacante del vicepresidente que ha tomado el control del país y no haya quien lo suceda en el cargo, habrá que realizar elecciones generales. Así lo exige la modificación que esta ley pretende hacer al párrafo 2 del artículo 113 de la Constitución.

La iniciativa también pone en jaque al Ejecutivo, aunque en menor medida, ya que pretende modificar el artículo 13 de la Carta Magna. Según el PL, el presidente puede disolver el parlamento tras negar la confianza o censurar dos gabinetes; y en el decreto de disolución, la convocatoria a elecciones generales debe ser convocada “cuando el último vicepresidente haya disuelto el Congreso”.

Espero que la Comisión de Constitución planifique pronto su presentación para acabar de una vez por todas con estas vacantes. Si un poder desaparece, todos nos vamos. Se fue ”, dijo Cortez, impulsor de esta ley, en su cuenta de Twitter.

El Congresista propone estos cambios, luego de que la Comisión de Constitución, un sábado por la noche, durante las largas vacaciones, aprobara insistentemente el dictamen. Que interpreta (y limita ) la cuestión de la confianza. El Pleno tendrá que dar el visto bueno final a este proyecto. Los ministros ya se han opuesto.

Ahora, el camino que recae en la iniciativa Juntos por el Perú es que, en una primera, se revisa en la Constitución Comisión, presidida por Fujimori Patricia Juárez y por las congresistas Gladys Echaíz (vicepresidenta) y Adriana Tudela (secretaria). De aprobarse, pasaría a pleno y, al tratarse de una reforma constitucional, debería ser aceptado en dos legislaturas ordinarias con el voto favorable de al menos 87 legisladores.

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